martes, 1 de julio de 2008

Discurso de por Luís Gómez Llorente el 26-10-07 en el Hotel Puerta Toledo (Madrid

“Laicidad y ciudadanía” discurso pronunciado por Luís Gómez Llorente el 26-10-07 en el Hotel Puerta Toledo (Madrid)
1
Luis Gómez Llorente
LAICIDAD Y CIUDADANÍA

LAICIDAD Y CIUDADANÍA-,

Atado al texto que traigo por escrito para no excederme del estricto tiempo disponible, y ciñéndome tan solo a estas tres cuestiones:
1) Laicidad y laicismo. Reivindicación del laicismo.
2) Laicidad y ciudadanía; la laicidad como componente intrínseco del concepto de ciudadanía.
3) La educación para la ciudadanía.

I.- LAICIDAD Y LAICISMO:
Es importante distinguir entre laicidad y laicismo, y distinguir bien, saliendo al paso de la versión tergiversada que el clero hace del laicismo.

Sabido es que en su relativa reconciliación con el mundo moderno, llevada a cabo sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, el clero ha aceptado por fin el hecho consumado de la laicidad del Estado, pero sigue condenando el laicismo, al que atribuye los torvos propósitos a los que luego nos referiremos.

Su potencial de propaganda es tan intenso como para que muchos se retraigan y rehuyan utilizar la palabra laicismo como si fuera signo de extremosidad y falta de cordura. De ahí que convenga poner los puntos sobre las ies para saber a qué atenernos, y para evidenciar la intención que subyace en esa maniobra consistente en dar por aceptable la laicidad y simultáneamente demonizar el laicismo.

Tomemos nota, por ejemplo, de que la prensa católica más afín al sector ultraconservador del episcopado, no cesa en su constante denuncia del laicismo que imputa al Gobierno de Zapatero, tratando como es obvio de enfrentarlo con el sector del electorado sobre el que dicha prensa ejerce cierta influencia. De ahí que sea oportuno comenzar deslindando los conceptos de laicidad y de laicismo, así como la relación existente entre lo uno y lo otro.
La laicidad es una propiedad, carácter o condición de algo, generalmente aplicable a las instituciones, y por excelencia al Estado. De ahí las expresiones “laicidad del Estado” y “Estado laico”.
Dicha propiedad consiste en la neutralidad de la institución con respecto al hecho religioso, a las distintas religiones, confesiones o creencias de la sociedad. También se puede definir en función de su contrario: Así puede decirse que el Estado laico o la laicidad del Estado son lo contrario de la confesionalidad del Estado, es decir, del compromiso del Estado con una determinada religión, de la que se declara protector, y cuyas reglas o principios morales asume como inspiración y como límite de las leyes, con lo cual, obviamente se otorga un gran poder de ingerencia a la Iglesia sobre el ordenamiento civil que afecta a todos los ciudadanos, sean o no sean creyentes.
De la laicidad o neutralidad del Estado con respecto al hecho religioso se sigue la no ingerencia del poder público en cuestiones de fe o de moral religiosa. Se sigue así mismo el reconocimiento de la libertad de conciencia y de cultos; una igual libertad para la creencia y para la increencia. Esto es, la no discriminación por motivos religiosos.

Toda esta proyección práctica de la idea de laicidad requiere una plasmación jurídica, que suele ir desde la definición en el texto constitucional, hasta las distintas leyes que afectan a cuestiones de conciencia, y muy en particular a la Ley de Libertad Religiosa. Por tanto, la laicidad de las instituciones es una cuestión de hecho, algo dado, si bien que con mayor o menor grado de integridad y coherencia en cada país.

Nuestra actual Constitución, pongamos por caso, incorpora la idea de laicidad del Estado de forma muy atenuada o edulcorada, pues si bien consagra el principio de no discriminación por razón de religión en el artículo 14, en el 16 deja tocada la neutralidad del Estado ante el hecho religioso, cuando a renglón seguido de afirmar que “NINGUNA RELIGIÓN TENDRÁ CARÁCTER ESTATAL”, establece un mandato claro: “LOS PODERES PÚBLICOS TENDRÁN EN CUENTA LAS CREENCIAS RELIGIOSAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Y MANTENDRÁN LAS CONSIGUIENTES RELACIONES DE COOPERACIÓN CON LA IGLESIA CATÓLICA Y LAS DEMÁS CONFESIONES.
Sin olvidar que por el 27,3 el Estado se obliga a garantizar que en cualesquiera centros docentes se imparta formación religiosa a elección de los padres, y que el 27,9 abre la puerta de la subvención pública a la escuela privada confesional.

Todo lo cual nos hace pensar a algunos que no tenemos un Estado propiamente laico, aunque tampoco sea confesional, sino algo intermedio a lo que se ha dado en llamar “aconfesional”.
No parece que un Estado propiamente laico, sea por ejemplo el recaudador anual de las donaciones de los fieles a la Iglesia, ni el patrón laboral de un profesorado de religión nombrado y removido a gusto de la Jerarquía, ni que la Iglesia católica goce de amplios espacios semanales fijos en los principales medios de comunicación públicos.

Todo ello, como Vds bien saben, es el resultado de los pactos de la transición, que benditos fueron en tanto que permitieron restablecer la democracia en España. La situación no daba para más, en esta como en otras materias. Más valía tener una Constitución que garantizase los derechos y libertades fundamentales, consolidada por el respaldo de un amplísimo consenso.
Ahora bien, dicho esto, el análisis de ese régimen atenuado de neutralidad, más erosionado o limitado todavía por los Acuerdos con la Santa Sede, y por la interpretación que se les ha venido dando, nos da idea del tipo de laicidad que acepta el clero cuando afirma enfáticamente que ellos son los más auténticos defensores de la verdadera laicidad del Estado, y que lo reprobable es el laicismo y la política preconizada según ellos por el laicismo.
Significados eclesiásticos, y el propio Papa, así como toda su cohorte de comentaristas, suelen afirmar que el laicismo es un movimiento antirreligioso que pretende arrinconar la religión en la intimidad de las conciencias excluyendo toda referencia y toda presencia religiosa de la vida pública, reduciendo su exteriorización a la práctica del culto llevada a cabo en el interior de los templos. O como ha dicho un conocido prelado español, lo que se pretende es “expulsar a Dios de la sociedad”.

Pero todo esto es falso, y conviene replicarlo, porque se ha construido artificialmente una imagen maniquea del laicismo con el fin de frenar su impulso y de estigmatizar a sus defensores. El laicismo no es antirreligioso; el objeto fundamental del laicismo es defender la libertad de conciencia. En materia de religión, lo que el laicismo defiende es la total ausencia de coacción para creer o no creer, que es en lo que cabalmente consiste la verdadera libertad religiosa, fundamento a su vez de la libertad de cultos.

Las ideas fundamentales del laicismo surgieron precisamente para evitar las persecuciones por motivos de conciencia. En aquella Europa inmediatamente posterior a la Reforma luterana, desgarrada por las guerras de religión, y por sangrientas luchas intestinas, alguien concibió que la neutralidad del Estado ante el hecho religioso seria la forma más adecuada para garantizar la libertad de todos, la paz civil, e incluso la legítima autonomía de las iglesias. La separación entre la Iglesia y el Estado fue concebida y realizada entonces poco a poco por hombres creyentes, eso sí, por hombres creyentes que no querían servirse del poder político para imponer a otros sus creencias, ni para sofocar y hacer enmudecer a sus adversarios.
El laicismo se enriqueció también de los ideales de la Ilustración que hablan de una humanidad que accede a la mayoría de edad y se emancipa de seculares tutelas. Ideales que hablan de autonomía moral, de conciencia autolegisladora, y de obrar por conciencia del deber, sabiendo distinguir claramente entre moralidad y legalidad. Partiendo de esa lógica, el laicismo asumió que una sociedad compuesta por seres humanos capaces individualmente de gobernarse a sí mismos, tenía que ser una sociedad en su conjunto capaz de gobernarse a sí misma, es decir, asumió la soberanía del pueblo y su capacidad irrestricta para dotarse a sí mismo –por medio de representantes libremente elegidos- de sus propias normas de convivencia. De ahí que reclamara la más estricta independencia y laicidad del Estado.

Y siguiendo la senda de Rousseau, quiso un tipo de escuela que respetase la formación libre de la conciencia del niño, no imbuyéndole prematuramente ideologías que no pudiera comprender, ni inculcándole amenazas terroríficas que le indujeran a obrar por el temor, y no por amor a la belleza y por aquello que la sencilla razón indica como más conveniente.

Así se forjó ese movimiento teórico-práctico, transversal a distintos idearios de partido, y a distintos estratos de las clases sociales, al que llamamos laicismo.

Nosotros afirmamos que los principios del laicismo constituyen un valor ético porque creemos que sirven para orientar la conducta y saber discernir en cada caso a favor de la libertad que le permita a cada uno ser fiel a sí mismo. Y creemos que la práctica o militancia laicista es un valor moral porque consiste en el compromiso personal de cada uno con esa causa emancipadora. Dicho lo cual se puede resumir en pocas palabras la relación entre laicidad y laicismo: Existe hoy un cierto grado de laicidad en las instituciones porque hubo laicismo, y si no se retrocede, sino que se sigue profundizando y ampliando las libertades es porque el laicismo contribuye manteniéndose vivaz y vigilante, mal que a
algunos les pese y pretendan denigrarlo.




II.- LAICIDAD Y CIUDADANÍA

Sobre la laicidad inherente al concepto de ciudadanía. Hemos hablado de laicidad; hablemos ahora un poco de ciudadanía para poder fundamentar la relación entre ambas.
“Ciudadanía” es un término polisémico, y de entre sus varios significados la Real Academia define en primer lugar esta acepción: “Calidad y derecho del ciudadano”.

Sin embargo yo preferiría hablar de condición o de estatus del ciudadano. Porque ese derecho [o conjunto de derechos] al que alude la Academia lo que viene a configurar es el marco de posibilidades que el ciudadano tiene para poder ejercitar su libertad, moldeando a través de esas opciones sucesivas lo que va a ser el contenido explícito de su existencia.
El estatus de ciudadanía define por tanto los ámbitos posibles en los que puedo realizar mi vida. De ahí que prefiera la palabra estatus, porque el ser ciudadano es un modo de estar en el mundo harto distinto de aquel desgraciado estar que tuvieron los esclavos, los siervos, los súbditos y los apátridas. En cuanto a su contenido, al elenco de derechos y obligaciones que componen el estatuto de ciudadanía, lo primero que salta a la vista es la historicidad del concepto de ciudadanía, su carácter procesual o evolutivo. Baste cotejar la diferencia existente entre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa [de 1789] y la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 1948. Enseguida se aprecia el notable enriquecimiento de contenidos del segundo con respecto al primero, pues el de 1948 ya incorpora lo que se designa por los expertos como “derechos humanos de segunda generación”, todo ello sin olvidar que a impulsos del ecologismo ya se plantea el definir los llamados derechos de tercera generación.

Hemos citado dos textos famosos que han servido de referencia o paradigma para definir en distintos países su propio estatuto de ciudadanía. La gran diferencia entre ambos, no es menor que la diferencia existente hoy día entre distintos países, con respecto a su respectivo estatus de ciudadanía, incluso entre los que se consideran más desarrollados y progresivos.
Todo lo cual nos hace pensar que el concepto de ciudadanía es algo “in fieri”, en proceso abierto de elaboración y maduración, tanto en la mente de los teóricos como en la praxis política de las naciones.

La evolución del concepto de ciudadanía refleja en definitiva la evolución de la idea que el ser humano se va formando acerca de sí mismo, y sobre todo la idea que va configurando acerca del fin de la convivencia social. Cuando esa reflexión del espíritu humano se transforma y se formula en términos de ideales políticos surge la voluntad de cambiar las normas, y casi siempre el choque con los intereses de quienes estaban mejor establecidos en la situación precedente.
A grandes rasgos cabe distinguir entre dos orientaciones o si se quiere, dos fases sucesivas, en el diseño del modelo de ciudadanía:
1º) El modelo de ciudadanía liberal.
2º) El modelo de ciudadanía social.

El modelo de ciudadanía liberal tuvo como definición arquetípica la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y su núcleo central es la proclamación de los derechos y libertades civiles y políticas del individuo, habiendo representado –en su momento- un gigantesco paso histórico sumamente positivo.
La ideología que subyace en este modelo recoge los frutos de todo ese largo proceso de exaltación del individuo que parte del humanismo renacentista, que favorecen y difunden algunas de las doctrinas luteranas, como la del libre examen y la del rechazo a todo dogma o mandato impuesto por la jerarquía, el decisivo impulso cartesiano que afirma como único criterio de verdad la evidencia testimoniada por la razón individual, y finalmente, el ansia de libertad y de ruptura propios del romanticismo.

Todo el aparato político concebido por el liberalismo no tiene otro fin sino proteger y preservar en todo lo posible la autonomía individual, tanto en el pensamiento y la conciencia, como en la libre disposición de la propiedad. Las dos ideas clave del liberalismo político, el régimen de gobierno representativo, y la separación de poderes, son instrumentales. Su fin no es otro sino limitar el poder público, delimitando restrictivamente las facultades de los gobernantes, limitándoles el tiempo de los mandatos, y estableciendo un contrapeso entre los distintos poderes del Estado. Pero este modelo liberal de estatus ciudadano lleva consigo una carga de irrealidad o de falsedad objetiva derivadas de la mentalidad burguesa en que se había producido.

En efecto: todo ese mecanismo fue concebido para proteger al individuo frente al poder del Estado y al poderío de la Iglesia, que eran ciertamente los elementos que afligían y coartaban la libre iniciativa y el libre pensamiento de la clase propietaria emergente. Con respecto a los demás seres humanos, a la burguesía le era suficiente que el nuevo poder público garantizase estrictamente la propiedad y penalizara severamente el incumplimiento de los contratos.
Pero resulta que la libertad real de los más no está oprimida sólo por el Estado y su adláter espiritual, sino también por las relaciones despóticas de dependencia del criado con respecto al amo, del campesino al terrateniente, del obrero al patrón, del empleado al empleador o empresario. Y sobre todo, la libertad se torna irreal y evanescente por la carencia vital, o por la ignorancia alienante, así como por la sujeción al estricto imperativo de hacer lo inevitable para poder sobrevivir.
Por ello, el siglo de las nuevas revoluciones sociales acabaría dando paso, tras la IIª Guerra Mundial a un nuevo concepto de ciudadanía en Europa, o como gusta decir a algunos, a un nuevo contrato social, por virtud del cual a cada uno se le garantizan no sólo unos derechos civiles y políticos, sino una serie de derechos sociales y coberturas frente a la vejez y el infortunio, como marco objetivo posibilitante para el ejercicio real de las libertades.

Toda la segunda mitad de la Declaración de los Derechos Humanos, de 1948, expresa, al menos como objetivo, ese nuevo elenco de derechos sociales que nos permiten hablar hoy con relativa satisfacción de ciudadanía europea.

Dicho lo cual estamos en condiciones de abordar la relación entre laicidad y ciudadanía, para lo cual hemos de considerar ahora el estatus de ciudadanía como fundamento de la unidad de un pueblo, o por lo menos como factor de cohesión social importantísimo, que fomenta la unidad y solidaridad del país.
En este sentido, el estatus de ciudadanía social emerge como un nexo unitivo dado que iguala de algún modo a los que son desiguales. Aunque de una manera todavía bastante imperfecta, no sólo iguala en la posesión de unos derechos y libertades antes quiméricos para la mayoría, sino que iguala (a través de las prestaciones y servicios sociales) en unas mínimas condiciones de supervivencia, y en una razonable esperanza de mejora sin tener que apelar ni los unos ni los otros al recurso fatal de la violencia.

Ahora bien, fijémonos en que el saludable efecto cohesivo y unificador del estatus común de ciudadanía se basa en afirmar, definir, y garantizar a todos algo que les sea común, algo que todos posean o puedan poseer, como es la libertad de pensar y de expresarse, el acceso a la salud, a la escuela, el derecho a intervenir en la vida pública, etc. etc. Esos y otros muchos aspectos puede recoger el estatuto de ciudadanía. Pero en el orden de las ideologías y creencias ni somos iguales, ni conviene que lo seamos, pues de la diversidad y de la confrontación dialéctica de los opuestos es precisamente de lo que se nutre el progreso y desenvolvimiento del espíritu.
De donde que al estatuto de ciudadanía le es inherente la laicidad, la neutralidad, habiendo de limitarse en materia de ideas y creencias a afirmar la plena libertad de todas ellas, y a favorecer las condiciones objetivas que fomenten el libre acceso y circulación de las mismas.
La universalidad, nota característica del estatus de ciudadanía, el ser igual y el mismo para todos los participes de una sociedad, tan solo puede significar a este respecto, la plena libertad y respeto hacia todas las convicciones. Sólo los regímenes tiránicos, en los que por definición desaparece la condición de ciudadanía, pretendieron imponer la unificación o uniformización de la fe y del pensamiento, consiguiendo al menos sofocar la exteriorización del pluralismo y de la disidencia.

Todo esto tiene su reflejo en el modelo de Estado, porque a cada modelo de ciudadanía corresponde un modelo de Estado. La teoría y la organización del Estado evolucionan obviamente conforme al modelo de sociedad que se quiere obtener, es decir, con respecto al tipo de ciudadano que se desea fomentar.
Al modelo de ciudadanía liberal corresponde el Estado gendarme, mínimamente intervencionista, dejar hacer, dejar pasar. Al modelo de ciudadanía social corresponde el
llamado Estado Social de Derecho, que yo preferiría llamar Estado redistribuidor de la riqueza, o corrector de las tremendas desigualdades sociales que genera el mercado y utilizando los mecanismos fiscales para asegurar la universalidad de la prestación de los servicios propios del estatuto de ciudadanía social.

Nótese bien, que pese a esa enorme diferencia entre el modelo de Estado liberal y el Estado social, tan inherente es la laicidad a todo concepto de ciudadanía, que ambas formas de Estado reclaman para sí la condición de Estado laico, siendo algo patológico, contradictorio, e intrínsecamente conflictivo, el inestable modelo que pretende aunar confesionalidad y liberalismo, cual ocurre en la España de la Restauración. No cabe verdadera libertad de cultos, sino a lo sumo un ambiguo régimen de tolerancia, ni plena libertad de expresión, ni de cátedra, en un Estado confesional.
Recordemos los conflictos de la cuestión universitaria en el reinado de Isabel IIª, y toda la problemática de la llamada “cuestión escolar” que se prolonga hasta el advenimiento de la IIª República.
En España ha sido –y es- muy difícil la edificación de un verdadero Estado laico porque desde hace más de quinientos años se viene mezclando religión e identidad nacional. Son los viejos problemas de familia que no se solventan pretendiendo ignorarlos, y menos todavía cuando la gente de talante más conservador se empeña en resucitar el espíritu de D. Marcelino Menéndez y Pelayo, como hace con frecuencia el cardenal Rouco Varela, a quien le encanta la expresión “España será católica, o no será”, verdadera antitesis de una fundamentación laica de la convivencia nacional.

Durante los primeros años de la transición, cuando en aras de facilitar un consenso básico pusimos entre paréntesis determinados debates en torno a la Historia de España, los pragmáticos y los tecnócratas se movieron a sus anchas, y hubo que soportar como de forma altiva despreciaban las reflexiones sobre estos asuntos tachándolas de temas trasnochados y carentes de toda vigencia.

Puro desconocimiento tecnocrático de lo que Unamuno hubiera llamado nuestra intrahistoria. No se habían enterado de que se estaban moviendo sobre un volcán en reposo donde subsisten las viejas pasiones, en un país en el que todavía viven por lo menos dos generaciones con el alma llena de cicatrices. Ha bastado que el actual Gobierno intentara avanzar un poco más en la ampliación de los derechos civiles de grupos sociales secularmente preteridos, o que intentara profundizar en el régimen autonómico, o que se planteara hacer memoria reparadora de las victimas de la dictadura, para que desde distintos flancos haya saltado sobre el tapete la indecisa cuestión de la identidad nacional, uno de cuyos componentes, nada baladí, es y sigue siendo la cuestión religiosa, el estatuto de las creencias, y el papel de la Iglesia católica dentro de la sociedad española.

Para entender las raíces más profundas de este problema que tanto dificulta el arraigo de la laicidad en nuestro país, no cabe olvidar la obra certera de D. Fernando de los Ríos en la que muestra con todo rigor la decisión intransigente con la que los Austrias asumieron el diseño de unidad nacional trazado por los Reyes Católicos: Una sola corona, una sola lengua, una sola religión. Esquema no corregido por los primeros Borbones, quienes simplemente añadieron al concepto de unidad de la corona la idea de uniformización institucional, suprimiendo la relativa autonomía de los antiguos reinos.

Esto es, unidad entendida como uniformidad a rajatabla, de donde se deriva la exclusión y la persecución de toda disidencia.
Como dice de los Ríos, el Estado quedó enfeudado a los fines de la Iglesia [¿Recordáis? – “España martillo de herejes” que decía D. Marcelino]. Excediéndose de sus propias funciones la Iglesia asumió el papel de censor de las costumbres, aduana del pensamiento, y controladora de todo el aparato cultural y educativo, y el resultado final de aquella política anacrónica no fue otro sino una larga decadencia política, científica y económica, en la que nunca llegó a forjarse una burguesía capaz de implantar y consolidar un verdadero régimen liberal. Aquí nadie resituó a su debido tiempo a la Iglesia en el lugar que le corresponde.

Este secular retraso en el proceso de nuestro devenir histórico determinó que la irresuelta cuestión religiosa acabara entreverándose con la lucha de clases en su periodo más virulento, y que la Iglesia, por su inequívoca alianza con las fuerzas más conservadoras acabara situándose frente al proletariado, de tal modo que una guerra civil promovida por la contrarrevolución acabó siendo bendecida y glorificada como Cruzada.
Cuando recordamos esto no se trata de evocar un remoto pasado, que no tenga apenas nada que ver con el presente. Quienes hemos sufrido los rigores del nacionalcatolicismo sabemos con qué fuerza y con qué virulencia llegaron aquellos tristes planteamientos hasta el presente histórico, y sabemos detectar sus huellas y sus flecos. Porque conocemos a fondo, y porque hemos reflexionado mucho sobre esta tormentosa historia, no somos indiferentes, ni equidistantes, sino que nos sentimos comprometidos con el laicismo, y a la vez queremos liberar al laicismo de todo rastro antirreligioso, siquiera fuere por respeto a los muchos creyentes convencidos de que la laicidad de las instituciones constituye la mejor garantía de la verdadera libertad religiosa, y que se sienten profundamente molestos y en cierto modo traicionados como miembros de la Iglesia al constatar la instrumentalización de la religión al servicio de causas que no tienen nada que ver con el cristianismo evangélico.

No vamos a negar que bajo las banderas del laicismo también se han cobijado y se cobijan quienes consideran que la religión es un arcaísmo cultural, algo anticientífico, y una rémora para el progreso de la humanidad. Pero aún siendo tan respetable como cualquier otra esta postura, siempre que no se torne en displicente menosprecio de los creyentes, conviene declarar y clarificar que ateismo y laicismo son cosas bien distintas, porque de otro modo tendría razón Ratzinger cuando una y otra vez tergiversa las cosas atribuyendo al laicismo una animosidad antirreligiosa que en verdad no le corresponde.

Otra cosa es el anticlericalismo. En España no faltan nunca motivos para ser anticlericales. Personajes como el cardenal Cañizares, por ejemplo, cada vez que hablan abonan abundantemente el jardín del anticlericalismo hispano. Yo tengo varios amigos sacerdotes que me han confesado más de una vez que ellos también son anticlericales. Son clérigos que desearían ver a la Iglesia liberada de todos los privilegios que aún conserva, y a quienes molesta tanto como a nosotros la vieja propensión de la Jerarquía Eclesiástica a servirse del poder civil y de la legislación estatal para imponer a todos la moral que ellos preconizan.
No obstante, resulta fácil distinguir entre estar en contra de las posturas clericales, sobre todo del alto clero, y el estar en contra de la creencia, o el estar dominado por un prejuicio tan intenso como para no reconocer lo que de positivo tiene el impulso religioso de la caridad cristiana.

Con todo esto, como ven, hemos ido derivando hacia el terreno de los sentimientos y de las actitudes. No es extraño, pues la noción de ciudadanía implica bastante más que un cierto estatuto jurídico. Ser ciudadano no es sólo saberse titular de un elenco de derechos y deberes, sino que la ciudadanía comporta así mismo un componente moral y afectivo importantísimo. Siempre, inevitablemente, se es ciudadano de una ciudad, de una polis o sociedad política determinada, y por eso la conciencia de ciudadanía implica un sentimiento de pertenencia al colectivo humano que garantiza mi seguridad y posibilita mi libertad, con
el que por elemental reciprocidad tengo deberes. Nosotros queremos además que ese sentimiento de pertenencia sea activo, participativo, que sea una ampliación del horizonte vital de cada ciudadano, que sea algo superador del egocentrismo y le permita sentir como propio lo que es de todos, es decir, que le permita engrandecer su ánimo con la virtud cívica.


Ese es cabalmente el propósito esencial de la nueva asignatura “Educación para la Ciudadanía”, y por ello vamos a concluir dedicando algunas palabras en torno a la tremenda polémica que ha suscitado.


III. EDUCAR PARA LA CIUDADANÍA

Digámoslo claro desde el principio: La agria polémica suscitada por la nueva asignatura, y la campaña de resistencia civil que se ha pretendido levantar contra la misma, es el terreno elegido por el sector más duro de la Jerarquía y afines, para dar la batalla a un Gobierno que aborrecen.

La materia por sí misma, por sus contenidos curriculares, no merece tanto escándalo, ni tan altisonantes declaraciones, como lo demuestra el hecho de que si hubiera sido planteada como asignatura alternativa obligatoria para los alumnos que no cursen religión confesional, nada habría ocurrido, sino que por el contrario habría merecido todo pláceme y bendición, como en su día ellos mismos dijeron.

Así mismo, los argumentos de rechazo a la nueva materia, son tan poco convincentes como para que todo un sector tan importante como es el de la escuela confesional católica, (FERE-CECA) se haya negado a seguir las consignas que le pedían boicotear la materia negándose a impartirla en sus centros. [Recordemos a este respecto el anatema lanzado por Cañizares: Impartir la materia es “cooperar con el mal”]

Todo lo cual demuestra que esto es una batalla incursa en una guerra más amplia, cuyas causas exceden con mucho a la cuestión de la asignatura en sí misma. Hay un sector de la cúpula episcopal -con fuerte poder de arrastre sobre sus colegas- que aborrece al actual Gobierno de España no sólo por este motivo, sino por toda la trayectoria que en materias conexas ha seguido durante toda la legislatura, que empezó por dejar en suspenso el régimen de enseñanza de la religión que tenían pactado unilateralmente con el PP, del que resultó fiel reflejo la Disposición Adicional segunda de la LOCE.

En efecto, como recordareis, una de las primeras disposiciones del actual Gobierno fue suspender por Decreto la norma de igual rango que regulaba el calendario de implantación de la LOCE, es decir, de la contrarreforma que venía a desbaratar la reforma educativa emprendida por el Gobierno Socialista de Felipe González. Al quedar aplazada la aplicación de la LOCE se abría un compás de espera que dio lugar a la tramitación parlamentaria de la actual LOE, ley que viene a rectificar errores de la legislación anterior pero que se sitúa substancialmente en la línea primigenia de la reforma educativa. Aquella súbita quiebra del pacto Iglesia-PP sobre la enseñanza de la religión les desconcertó, y más de uno recordaría nuestras advertencias: Los intereses temporales de la Iglesia sólo se pueden garantizar de forma estable y duradera mediante un consenso con el sector laico.

Lo que tenían pactado con el PP era su desideratum de siempre: El imponer una asignatura alternativa obligatoria y evaluable a quienes rehusaran la enseñanza de religión confesional. Es decir, aquello que venimos diciéndoles desde hace lustros que jamás aceptarán los socialistas, para quienes el ejercicio positivo del derecho a recibir, enseñanza de la religión confesional por parte de algunos, no puede implicar obligación académica de ninguna especie para aquellos otros que la rehúsen. No se esperaban, como no se esperaba el resto de la derecha, el resultado de las elecciones de marzo, y de ahí el desencanto y el resentimiento con el que se enfrentaron desde el principio al proyecto de la nueva Ley educativa que venía a restablecer, perfeccionando, la reforma educativa de nuestro sistema escolar.

Cuando se hizo público el diseño del nuevo proyecto en el librito titulado “Una educación para todos y entre todos” emergió de lleno su mal humor, descalificándolo de raíz, y concentrando su crítica desde entonces sobre la propuesta de Educación para la Ciudadanía, que por vez primera aparecía oficialmente en dicho texto, del que por cierto, desaparecía a la vez la imposición de una materia obligatoria alternativa a la religión confesional, concebida exclusivamente para penalizar la disidencia de los paganos.

Esa profunda disconformidad de la Iglesia con respecto al régimen de enseñanza de su religión, agravada por la frustración de quienes creyeron haber triunfado por goleada con apoyo del PP, es en realidad el telón de fondo de la polémica sobre la ciudadanía, y el elemento generador de tanta acritud y despecho. Pero no sólo eso, hay más: Ellos ponen como en las páginas de un cuaderno de agravios junto a esta cuestión, otras tales como el reconocimiento del derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio, la modificación del derecho de familia en el sentido de lo que llaman peyorativamente “divorcio-exprés”, y las medidas que otorgan mayor amplitud a la investigación biológica con células madre.

Y sobre todo, el factor quizá más importante que enmarca la actual polémica sobre la ciudadanía, es el difuso malestar de la Iglesia jerárquica ante el creciente proceso de secularización de la cultura, de las formas de vida de la gente, y más en particular de la juventud; proceso imparable de secularización en el que ciertamente cada vez ocupa menos espacio la religiosidad.

Un error de diagnóstico sobre las causas de ese fenómeno social, el atribuirlo en alto grado a la influencia maléfica de un laicismo antirreligioso imperante, y no al tipo de desarrollo económico que realmente lo genera, determina que aquel difuso malestar se proyecte como aversión a un Gobierno, y a las iniciativas de este Gobierno, que para algunos es la encarnación viva del famoso relativismo, en el que al parecer se están diluyendo corrosivamente los fundamentos morales de occidente.

Digo todo esto, amigos míos, con verdadera preocupación, porque me parece muy negativo que se vuelva a abrir un abismo entre el discurso eclesiástico hegemónico, y el discurso secular del resto de la sociedad civil, lo que debiera inducirnos a pensar en la necesidad de un diálogo a todos los niveles que recomponga el necesario entendimiento. Nadie, por motivos religiosos, debiera sentirse como nuestro adversario.

No debe dejar de preocuparnos que una cosa como Educación para la Ciudadanía, que fue concebida desde sus orígenes –puedo asegurarlo- sin ningún ánimo de combatir a las creencias, ni a la moral de ninguna Iglesia, se haya interpretado por un importante sector de la sociedad como una infame agresión a sus sentimientos. Un semejante desentendimiento de ese calibre no augura nada bueno para la convivencia pacífica.

La primera descarga contra Educación para la Ciudadanía, lanzada antes incluso de que se publicara el currículo, consistió, como recordareis, en tildarla de añagaza de los socialistas para difundir su ideología partidista en las aulas y manipular la conciencia de los niños. Tremenda acusación totalmente carente de sentido, y mucho nos tememos que dicha de mala fe. Porque ellos saben muy bien lo que hay que hacer para asegurar la ortodoxia doctrinal en la enseñanza escolar. Ellos han utilizado desde siempre las aulas para transmitir su doctrina, y acaso por eso imaginan que los demás pretenden hacer lo mismo. Ellos saben muy bien, porque lo practican desde hace siglos que para asegurar la estricta fidelidad a la doctrina la clave reside en el nombramiento de profesores fieles, y en la expedita deposición de los infieles. Para ser profesor en la Edad Media hacia falta tener la venia docendi. Ahora los profesores de religión tienen que tener el misio canónico o el certificado de idoneidad dicho en términos más burocráticos; son propuestos por el obispo, y el obispo puede retirarles la licencia como es bien sabido. Así mismo los libros de texto que utilicen para impartir sus enseñanzas han de tener lo que tradicionalmente se llamaba el
nihil obstat. En la enseñanza privada la cosa es más simple; aunque siendo concertada pague el Estado, la titularidad del centro es quien contrata y despide a los profesores, y quien sin más miramiento determina el libro de texto.

Eso es lo que hay que hacer para controlar ideológicamente unas enseñanzas. Pero ellos sabían y saben que ni este, ni ningún otro gobierno constitucional puede hacer cosas semejantes en la escuela pública, aunque consienta que se siga haciendo en las clases de religión. Ellos saben que los profesores que han de impartir Educación para la Ciudadanía son personal funcionario, inamovible por razón de ideología o creencia, protegido por la libertad de cátedra, muy plural ideológicamente de hecho, y saben que cada Departamento puede elegir libremente los libros de texto, y cualesquiera otros materiales didácticos de entre la rica variedad que ofrecen las editoriales en el mercado, fiel reflejo a su vez del pluralismo ideológico de la sociedad.

¿Podía en estas condiciones decirse de buena fe que el PSOE iba a adoctrinar partidistamente a los niños con la nueva asignatura? ¿No fue tremendamente chabacano compararlo con la Educación política de la Dictadura, impartida por personal designado ad hoc por el Movimiento, y con manuales de la misma procedencia? – Sin embargo, este grosero argumento fue uno de los más repetidos por los adversarios de la nueva materia. Una vez publicado oficialmente el contenido curricular para los diversos cursos en que habría de impartirse, las criticas adquirieron otro calado: En los documentos y declaraciones de los obispos se ha tachado a la asignatura de estar imbuida por el relativismo moral, de estar implícitamente fundamentada en una antropología que no cuenta para nada con la trascendencia; de no remitirse en ningún momento a la verdad. También se la ha acusado de insistir en el rechazo a la homofobia, y de reflejar la ideología de género.
En consecuencia, se le ha imputado que invade ilegítimamente el ámbito de la formación de la conciencia, y en particular el derecho de los padres a elegir el tipo de educación religiosa y moral que deseen para sus hijos.

Parece claro que algunas de estas críticas más que verdaderos argumentos no son otra cosa que un juicio o proceso de intenciones, obsesionados por la idea de que alguien pretende vehicular una ideología de grupo o de partido. Tal es el caso de la imputación referente a la supuesta imposición de la ideología de género, sin otro fundamento sino que en el currículo se utilice el término género en lugar de sexo, terminología más amplia de uso convencional común en la actualidad, ya incorporada incluso al lenguaje jurídico y de manejo habitual por los expertos.
¡Qué decir de lo del rechazo a la homofobia! ¿Es que a estas alturas no es signo de liberalidad y tolerancia el rechazo a la homofobia, del mismo modo que a cualquier otro tipo de discriminación peyorativa?
Insisten mucho en lo del relativismo (eso viene de Roma, como sabéis), en la antropología subyacente, en la no referencia a la verdad...
Es decir, en el fondo lo que se rechaza es la laicidad de la asignatura, su exquisita neutralidad a los planteamientos religiosos, y por supuesto, a cualquier fundamentación teológica de la moral y del sentido de la vida. Sin embargo, no han podido señalar ni un solo epígrafe que implique menosprecio o desconsideración de las creencias, porque en cambio si que existen sendos pasajes del currículo orientados a glosar la libertad de conciencia y la libertad religiosa.

No podía hacerse de otro modo, pues conforme analizamos anteriormente, al concepto de ciudadanía le es inherente la laicidad. Una materia escolar común a todos los alumnos no puede fundamentarse sino en principios de racionalidad secular, ni afirmar otros valores que los asumidos a través de una dialéctica dialogal por la sociedad, y por excelencia aquellos que consensualmente quedaron plasmados en la Constitución del Estado. Cada cosa tiene su lugar, y entendemos que el lugar propio para impartir doctrina referente a una antropología de la trascendencia, a un objetivismo moral fundamentado en la ley natural (trasunto de la voluntad de Dios creador), a un sentido de la vida ultraterreno, y a una verdad incuestionable ante la que debe ceder la razón individual, es la clase de religión que imparten los ministros de las confesiones, cada cual por cierto de acuerdo con su fe y con sus tradiciones. Todo ello es sumamente respetable, pero no puede ser el fundamento de una ética civil, substrato común de la convivencia, que es a lo que tiene que servir la Educación para la Ciudadanía, que diciéndolo con mayor simplicidad no puede ser –como no lo va a ser- ni teológica, ni antiteológica.
Menor sentido todavía tiene toda esta polémica, basada como argumento principal en el derecho a elegir de los padres, en un país como el nuestro, que tiene en este momento una red amplísima de centros privados concertados, sostenidos con fondos públicos, de mayoría confesional, en los que esta asignatura, como cualquier otra, va a ser impartida por el profesor que designe la entidad titular del colegio, y de acuerdo con el ideario o carácter propio del mismo.

Pese a todo lo cual, los prelados y las asociaciones de signo más conservador (digámoslo claramente, más furibundamente antigubernamentales), han intentado promover un grave conflicto de desobediencia civil en estos meses que no por casualidad son preelectorales.
No podemos ignorar que si hubieran tenido éxitos tales propósitos, si toda la enseñanza privada concertada de este país se hubiera negado a impartir la asignatura, desobedeciendo la ley del Parlamento y los Decretos del Gobierno, habríamos estado ante una crisis seria cuyas consecuencias habrían afectado a miles de familias perturbando seriamente la paz social.

Merece a este respecto un gran elogio la capacidad persuasiva y la habilidad negociadora de D. Alejandro Tiana, sensible a limar del currículo algún epígrafe que hubiera podido interpretarse equívocamente, y sobre todo dando oportunamente las garantías –que legalmente no podía negar- a los centros privados de que en esto, exactamente igual que en todo lo demás, la ley les ampara para que procedan en conformidad a su respectivo ideario.
Hay quien no quiere entender que la ética civil y la moral religiosa no tienen porque ser necesariamente contradictorias, sino que pueden y debieran ser complementarias. Desde esa convicción convivencial que supone la complementariedad algunos venimos trabajando desde hace muchos años en pro de la ética cívica.

No hay comentarios: